¿Qué le pasa a mi “Ebiblio” que no funciona como antes?

«Los usuarios de #Ebiblio seguimos registrando miles de incidencias en un servicio que hace apenas dos meses funcionaba perfectamente. Nos desaparecen los préstamos y ya no podemos confiar en la disponibilidad de nuestros contenidos #SalvemosEbiblio». Mensajes parecidos se pueden encontrar en redes sociales y foros de usuarios desde el pasado noviembre. Ebiblio, el programa estatal de préstamo de libros electrónicos a través de las bibliotecas públicas, se ha convertido en un servicio errático desde que el Ministerio de Cultura y Deporte cambió el soporte tecnológico en un concurso público que está recurrido por vía judicial.

¿Cuál es la historia de Ebiblio? El Ministerio de Educación y Cultura, su impulsor, lo describió en 2014 como «un proyecto abierto basado en la cooperación con las Comunidades Autónomas que facilitará el préstamo de 200.000 licencias de 1.500 títulos a los titulares de carnets de bibliotecas públicas». El Estado compró licencias de lectura digital e implementó un sistema de acceso a esos documentos; las comunidades autónomas (las titulares de las bibliotecas públicas) pusieron los lectores. Su gestión se dividió en dos contratas públicas: un concurso para su soporte técnico por un lado; y, en paralelo, una serie de concursos para adquirir lotes de contenidos (libros, audiolibros, películas…).

La vida de Ebiblio cambió con la cuarentena de marzo. En el encierro, su demanda se incrementó en un 134% y rozó la cifra de 900.000 usuarios. En esos meses, el servicio estaba muy bien valorado por los lectores en las encuestas de uso y servía de ejemplo para otros países. Sin embargo, Odilo, la empresa española que se encargaba de la ingeniería, acusaba el éxito. Durante la primavera, la compañía solicitó al Ministerio nuevas inversiones tecnológicas que le permitieran soportar la enorme presión. El Gobierno no atendió a su demanda pero licitó una nueva compra de contenidos utilizando el salvoconducto legal del estado de alarma, que lo eximía de realizar una licitación abierta a otros proveedores.

En septiembre de 2020 finalizó la contrata tecnológica y el Gobierno convocó un nuevo concurso. Sorprendentemente, a este pliego no acudieron las dos empresas estadounidenses especializadas en software de bibliotecas que son la competencia habitual de Odilo. ¿La razón? el Ministerio había reducido la remuneración del servicio de tecnología a 3.800 euros, un 1,2% del precio que el Ministerio previó en 2015 (320.000, euros). El coste para soportar el volumen de usuarios de EBiblio (servidores, almacenamiento, protocolos DRM) superaba en más de 50 veces la contraprestación económica ofertada por el Ministerio. Por eso, Odilo presentó su oferta pero reclamó las bases del concurso y solicitó su anulación.

Sin éxito: el concurso se celebró y fue adjudicado a la compañía Libranda, la marca con la que opera en España la distribuidora canadiense De Marque desde 2018. Libranda ha sido la principal proveedora de contenidos de EBiblio durante los últimos años. Su especialidad, por tanto, no es la ingeniería ni los servicios informáticos y, por eso, su oferta no se basó en la experiencia sino en el precio y en el número de recursos humanos que ofertó al proyecto.

¿Es extraña una oferta tan a la baja? ¿Suena a dumping? La reclamación de Libranda así lo identificaba. La contrata tecnológica es pequeña en comparación con el dinero que va a invertir el Estado en la compra de libros en los próximos meses. El Ministerio prometió hace unos meses que invertiría alrededor de tres millones de euros en 2021. La idea que se sugiere es que De Marque asume perder dinero con el software si eso fortalece su posición de dominio en el mercado de la distribución a través de las administraciones públicas. En 2020 el 90% del dinero público que el Estado destinó a la compra de contenidos fue adjudicado a su filial, Libranda.

¿Qué justifica esa acusación? En la reclamación del concurso se señala que la oferta de Libranda prometía emplear a un mínimo de 11 personas… con una previsión de gastos que queda por debajo del salario mínimo del sector. El Gobierno ha contestado al recurso recordando que De Marque no es una empresa española y que, por tanto, puede emplear a personas en otros países con convenios colectivos más baratos.

La otra prueba tiene que ver con los requisitos técnicos mínimos a los que obligaba el concurso para poder ofertar, y cuyo cumplimiento, a día de hoy, parece incierto: incompatibilidades en el acceso a contenidos en varios sistemas operativos, dispositivos y formatos, inadecuación a los estándares bibliotecarios, etcétera.

Eso, además del gran apagón de EBiblio: el Gobierno comunicó a las comunidades autónomas el 23 de noviembre que el servicio estaría suspendido durante nueve días a partir del 26 de noviembre para poder llevar a cabo la mudanza del soporte. EBiblio sólo volvió a funcionar el 9 de diciembre. «Cuando regresó, el sistema dio muchos problemas y muchas quejas», explican fuentes de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. «Algunos se van solucionando poco a poco».

¿Qué quejas? Los usuarios de EBiblio echan de menos funciones básicas como el marcapáginas o el subrayado y tienen problemas de compatibilidades con varios dispositivos. Algunos de los servicios que antes estaban incluidos en la aplicación aparecían redirigidos a aplicaciones con fines comerciales de DeMarque y la empresa les pide permiso para utilizar sus datos. La Xunta de Galicia se encontró con problemas en las traducciones a gallego. Y, cuando la Generalitat de Catalunya negoció un contrato paralelo con Odilo que le garantizase su servicio durante los próximos meses, su acceso a EBiblio fue suspendido.

«Hay una metáfora que explica lo que ha pasado», cuenta Josep Vives, jefe del Servicio de Bibliotecas de la Generalitat. «EBiblio es una casa que compró el Ministerio y en la que nos alojó a las comunidades autónomas. Cada una tenía su habitación y la iba llenando con sus cosas. De un día para otro nos dijeron que nos íbamos a otra casa pero no nos enseñaron cómo es ni nos dieron garantía de que vayamos a conservar esas cosas que hemos acumulado durante años. Nosotros sólo hemos querido asegurarnos de que no se iban a perder los contenidos que ofrecíamos a nuestros usuarios«.

Expulsados de EBiblio, los lectores catalanes ya no pueden acceder, por ejemplo, a revistas en lengua española por la decisión del Gobierno de España.

RESPUESTA DEL MINISTERIO

Por su parte, la directora general del Libro del Ministerio de Cultura y Deportes, María José Gálvez, ha expresado su confianza en que todas las funciones y los contenidos de la biblioteca digital Ebiblio vuelvan a estar operativas en las próximas semanas y ha recordado que «el corazón del sevicio» ha estado siempre a salvo: «Ebiblio nunca ha dejado de servir para miles de españoles puedan leer respetando los derechos de autor, estén donde estén».

Gálvez sostiene que Libranda sí tiene experiencia en el software. En 2014 se encargó del soporte de Ebiblio durante un año a través de la compañía BQ. La directora del Libro también explica que la dotación del no es inadecuada. La prueba, en su opinión, es que dos empresas presentaron sus ofertas dentro de las partidas previstas. Además, Gálvez asegura que el concurso se ha ceñido a los criterios de transparencia de la Junta de Contratación Centralizada del Gobierno y recuerda que los dos recursos de Odilo (a las bases y a la resolución del concurso) han sido rechazados y sostiene que ese rechazo es firme, en contra de la versión del denunciante, que asegura que la respuesta a sus recursos la ha dado una responsable técnica del Ministerio de Cultura.

La cuestión de los recursos es importante. Según Gálvez,los dos recursos de Odilo han entorpecido la transición tecnológica entre un servidor y el otro. La Dirección General del Libro también puntualiza que la Generalitat de Catalunya no ha sido expulsada del programa Ebiblio, como han denunciado los responsables de su Servicio de Bibliotecas, sino que eligió desarrollar su propio sistema.